Nueva Ley de regulación del precio de los alquileres, ¿en qué consiste?

El pasado 9 de septiembre de 2020, el Parlamento aprobó una nueva Ley de regulación del precio de los alquileres en Cataluña. Una nueva medida con la que se pretende proteger a los arrendatarios con rentas bajas.

¡Os contamos todos los detalles a continuación!

En qué consiste, dónde se aplica y a quién afecta la nueva Ley de regulación del precio de los alquileres

¿Dónde se aplica la nueva Ley?

La nueva Ley de regulación del precio de los alquileres se aplicará en los municipios de más de 20.000 habitantes. Un total de 60 municipios entre los que se incluye Cerdanyola del Vallès, lugar dónde se encuentra de nuestra agencia inmobiliaria, así como otros municipios del área metropolitana de Barcelona, Lleida, Tarragona y Gerona.

¿En qué consiste?

El objetivo de esta nueva ley es regular el precio de alquiler de los pisos que ya se encuentran en el mercado.

La normativa aplica tanto a los nuevos inquilinos como a los que les toca renovar el contrato. Es decir, los contratos de arrendamiento vigentes no podrán someterse a una subida de precio. 

Además, también se verán afectados las viviendas que tengan un precio de alquiler superior al fijado por el índice de referencia de precios de alquiler de la Generalitat establecido en el año 2017.

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¿Afecta a todos los propietarios?

En esta nueva normativa encontramos algunas excepciones. Existen casos en los que no se aplicará la regulación de los precios de alquiler. Son los siguientes:

  • Cuándo la totalidad de la unidad familiar tenga unos ingresos de 1300€ a 1900€ al mes (en función del municipio y del número de miembros de la familia).
  • Cuándo los propietarios realicen obras de reforma importantes en la vivienda.
  • Cuándo las viviendas sean de obra nueva.

En estos tres casos, los precios de alquiler no se tendrán que regular.

¿Cómo afecta a los arrendatarios?

La nueva Ley también protege a los arrendatarios de rentas bajas. És decir, la excepción de la que hablábamos anteriormente, no se aplicará en el caso que la unidad familiar de arrendatarios tenga unos ingresos totales de entre 2140€ y 3200€ (en función del municipio y del número de miembros de la familia).

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